Sumilla: Es un error histórico creer hoy que Chile le declaró la guerra al Perú mediante un decreto interno publicado en un diario local el 5 de abril de 1879.

Un 5 de abril hace un par de años, publiqué un artículo titulado «El Tratado de Alianza Defensiva de 1873 y la declaratoria de guerra de Chile en 1879», creyendo, como una abrumadora mayoría de autores a ambos lados de la frontera, que Chile le declaró la guerra al Perú aquel 5 de abril de 1879 mediante ese decreto o bando que apareció ese día en la prensa chilena, con el título «Declaratoria de guerra». (ver aquí)  

Pero por esas épocas, cayó en mis manos el texto de la Contramemoria que Chile presentó a la Corte Internacional de Justicia, el 13 de julio de 2016, en el marco de su litigio sobre acceso al mar con Bolivia, y grande fue mi sorpresa al leer, en el párrafo 2.24 de dicho documento oficial, que «el 4 de abril de 1879, de conformidad con el Tratado de Alianza Defensiva concertado entre el Perú y Bolivia el 6 de febrero de 1873, el Perú declaró que estaba en estado de guerra con Chile y movilizó su ejército. A su turno, Chile les declaró la guerra a Bolivia y al Perú».

Ahora bien, si Chile le declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, como consta en la historiografía chilena, y el gobierno peruano declaraba el 4 de abril que estaba «en estado de guerra con Chile», se debería concluir que la declaración de guerra de Chile no habría sido sino una reacción a una declaración que el gobierno peruano hizo la víspera «de conformidad con el Tratado de Alianza Defensiva concertado entre Perú y Bolivia el 6 de febrero de 1873».

Pero, ¿fue esto realmente así? ¿Qué explicación tiene la declaración peruana del 4 de abril de 1879? ¿Puede ser legítimamente considerada como una declaración de guerra a Chile? Finalmente, ¿quién declaró la guerra a quién, cómo y cuándo? Para dilucidar tan importantes interrogantes, es imprescindible reconstruir la secuencia exacta de los hechos que culminaron con la publicación de la «Declaratoria de guerra» que apareció en la prensa chilena aquel 5 de abril de 1879, y que se dieron en el contexto de la mediación de Lavalle en Santiago de Chile, durante todo el mes de marzo de 1879. Y como se verá a continuación, un elemento esencial de dichos esfuerzos de mediación fue el Tratado de Alianza Defensiva peruano-boliviano de 1873. Empecemos con la misión Lavalle.

(De izquierda a derecha en la imagen de cabecera: Joaquín Godoy, Ministro Plenipotenciario de Chile en el Perú; Alejandro Fierro, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile; Aníbal Pinto, Presidente de Chile en 1879)

La Misión Lavalle

Recordemos brevemente que Bolivia, mediante el Tratado de Límites de 1874, contrajo la obligación de no subir los impuestos a las compañías chilenas que operaban en el desierto de Atacama, entre los paralelos 23 y 24 de Latitud Sur, durante un período de 25 años. El 14 de febrero de 1878, sin embargo, el Congreso de Bolivia gravó a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta con un impuesto de diez centavos por quintal de salitre exportado, y dicha compañía protestó ante el gobierno chileno. El gobierno de Hilarión Daza, reacio a dejar sin efecto dicho impuesto, creyó poder resolver el problema rescindiendo la concesión de dicha Compañía y expropiando sus bienes, medida que se proyectó ejecutar el 14 de febrero de 1879, fecha en que las fuerzas chilenas desembarcaron en Antofagasta y Mejillones, empezando así la ocupación del litoral boliviano.  

A raíz de la consiguiente ruptura entre Bolivia y Chile, el gobierno del General Mariano Ignacio Prado decidió enviar a Santiago de Chile a José Antonio de Lavalle, en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en misión especial, con la finalidad de mediar entre ambos Estados y ofrecerles fórmulas de avenimiento que permitan evitar que dicha ruptura degenere en un conflicto armado.

Las instrucciones de Lavalle eran claras. Debía proponer «el restablecimiento de los hechos al estado en que se encontraban antes de los últimos acontecimientos, esto es, la desocupación del territorio de Bolivia» y siempre y cuando Bolivia «esté dispuesta por su parte a suspender el mencionado decreto de recisión y la ley por la que se gravó con diez centavos la exportación de todo quintal de salitre que haga la Compañía de Antofagasta». La desocupación previa del litoral ocupado fue una condición impuesta por el plenipotenciario boliviano Serapio Reyes Ortiz, quien viajó a Lima para exigir el cumplimiento del tratado secreto de 1873. Bolivia debía aceptar también «el sometimiento de estas diferencias al arbitraje que ambos Gobiernos tuviesen a bien constituir».

Lavalle salió del Callao el 22 de febrero de 1879 en el vapor Loa, acompañado por su hijo, el teniente Hernando de Lavalle, en calidad de adjunto militar, y por el secretario Javier Melecio Casós. Llegaron a Valparaíso el 4 de marzo y esa misma noche siguieron camino para Santiago, pues fueron informados que una turba planeaba emboscarlos en su hotel. Su misión de mediación duró hasta el 4 de abril de 1879, fecha en que se embarcó de regreso al Perú en el vapor Liguria. 

Lavalle inició sus gestiones el día 11 de marzo de 1879 con una primera audiencia con el Presidente Pinto, que estuvo seguida por otra con el Canciller Fierro. En la primera, Lavalle puso en relieve la importancia de desocupar previamente el litoral boliviano, de conformidad con sus instrucciones, pero recibió la respuesta siguiente: «Chile lo que ocupaba era un territorio que estimaba propio y al que siempre se había considerado con derecho y ejercido en él jurisdicción, territorio que había cedido a Bolivia en 1866 bajo de ciertas condiciones, que, no habiéndose llenado por Bolivia, obligaron a Chile en bien de la paz, a sustituir por otras condiciones más fáciles de llenar y sumamente generosas, en 1874: que no habiendo Bolivia llenado esas, sino antes bien violándolas abiertamente, Chile reivindicaba sus cedidos derechos y se volvía a colocar en el punto en que se encontraba en 1866». El problema había cambiado de cariz.  

El Tratado de Alianza Defensiva de 1873  

Durante la conferencia con el Canciller Fierro, el intercambio fue esencialmente el mismo que con el Presidente Pinto. Pero lo interesante es la pregunta que Fierro le hizo a Lavalle al término de la audiencia: «Al levantarme me dijo el señor Fierro, que le permitiese preguntarme, qué había del Tratado secreto de alianza entre el Perú y Bolivia: que Godoy – el ministro plenipotenciario chileno residente en Lima – le escribía, que ese Tratado existía desde 1873» y que «a ese Tratado se le había procurado la accesión de la República Argentina».

Lavalle, quien no había recibido instrucciones para tratar dicho asunto, le contestó que «no tenía noticia de semejante tratado: que dudaba que existiese, puesto que se suponía aprobado por el Congreso del Perú en 1873, año en que no correspondía la reunión del Congreso del Perú, cuyas legislaturas eran bienales, hasta la reforma constitucional realizada en la última legislatura de 1878». Y añadió que, desde su llegada a Santiago, «habiendo oído hablar a varias personas caracterizadas sobre la existencia de ese tratado, tenía ya pedidos a su Gobierno informes sobre el particular, que cuando llegasen se apresuraría a comunicar a Su Excelencia».

La pregunta del Canciller Fierro, obviamente, no era gratuita. El gobierno chileno parecía estar perfectamente bien informado tanto sobre la existencia misma de dicho tratado, gracias a los buenos oficios de Joaquín Godoy, su ministro plenipotenciario en Lima a fines de 1873, tal como ha sido ilustrado en otro artículo en este mismo espacio (ver aquí), así como en un tercero sobre los esfuerzos realizados por el Perú para conseguir la adhesión argentina. (ver aquí)

Pero a juzgar por el segundo comentario de Lavalle, no sólo en las esferas del gobierno chileno se hablaba del Tratado de 1873, supuestamente desconocido en Chile.

Chile exige una declaración de neutralidad

Ante la respuesta evasiva de Lavalle, que naturalmente conocía el Tratado de 1873 pero no había recibido instrucciones para divulgar su existencia, el Canciller Fierro telegrafió a su representante diplomático en Lima instándolo a que consiga copia del texto de dicho tratado y que solicite al gobierno peruano una declaración de neutralidad en caso de una guerra entre Chile y Bolivia. Fierro puede no haber sabido que Godoy conocía ese tratado desde fines de 1873.

En dicha instrucción, de fecha 12 de marzo de 1879, Fierro le señaló a Godoy que, «como Ud. comprenderá, interesa sobremanera a mi Gobierno tener un conocimiento exacto del tratado de alianza entre Perú y Bolivia, que se dice ajustado el 6 de Febrero de 1873 y aprobado por las Cámaras de ambas repúblicas en el curso del mismo año». Y agregó que «la apreciación de las cláusulas que aquel pacto contenga, respecto de nosotros, nos marcaría fijamente el rumbo que debemos seguir y nos determinaría la actitud que nos corresponde asumir en las presentes circunstancias».

En su Nota a la Cancillería peruana de fecha 17 de marzo de 1879, en cumplimiento de dichas instrucciones, Godoy puso de manifiesto que «la persuasión no combatida autorizadamente por nadie hasta ahora, en que uno y otro pueblo están, de que el Perú se halla formalmente comprometido a hacer causa común con Bolivia contra Chile, a virtud de un pacto secreto de alianza ofensiva y defensiva». Insistió Godoy señalando que su gobierno «tiene motivos, en salvaguardia de sus derechos, para preocuparse de la actitud que revelan de consuno la existencia, no puesta en duda, del tratado de alianza con Bolivia, las demostraciones hostiles sin embozo de una porción del pueblo y los preparativos bélicos de parte del Gobierno».

Y concluyó su Nota manifestando que el Gobierno de Chile «cree propio, para hacer más desembarazada su acción respecto del Gobierno de Bolivia, inquirir seriamente si el de Vuestra Excelencia tiene la intención, que sus deberes le sugieren, de permanecer neutral ante los acontecimientos que han tenido y tengan lugar defendiendo Chile con las armas la reocupación del territorio litoral al sur del paralelo 23°».

No deja de llamar la atención, por cierto, tanto la precisión de la información contenida en la instrucción cablegráfica de la cancillería chilena, como el aplomo y la seguridad con que el representante diplomático chileno en Lima hace referencia a la existencia del Tratado de 1873. Pero tampoco deja de llamar la atención que el gobierno chileno le exigía al gobierno peruano una declaración de neutralidad, no sólo formal sino también incondicional, sabiendo perfectamente bien que el Perú no estaba en condiciones de hacer tal declaración, precisamente por estar ligado a Bolivia en virtud del referido Tratado de Alianza Defensiva.

Finalmente, no está de más señalar que una declaración de neutralidad en dichas circunstancias podía envolver otro tipo de complicaciones, si nos atenemos al hecho que el propio Presidente Pinto le habría manifestado a Lavalle, el 24 del mismo mes de marzo, «que si la guerra estallaba entre Chile y el Perú, no sería extraño que acabase en una guerra entre el Perú y Bolivia, aliada a Chile; pues hoy mismo Chile podría hacer la paz con Bolivia en detrimento del Perú».

Chile prepara su declaratoria de guerra

Sea como fuere, el hecho es que Godoy cumplió diligentemente sus instrucciones y solicitó una audiencia con el propio Presidente Prado, quien lo recibió en Chorrillos por la noche del 20 de marzo de 1879. Al preguntarle al mandatario peruano por qué no declaraba su neutralidad, Prado le habría contestado que no podía debido al tratado de alianza defensiva que lo ligaba a Bolivia, y así lo telegrafió Godoy a Santiago al día siguiente.

A partir de esta declaración del presidente peruano, el gobierno chileno empezó sus gestiones internas para declarar la guerra al Perú. En lo militar, el martes 25 de marzo, Fierro telegrafió al Ministro de Guerra de Chile, Cornelio Saavedra, quien se encontraba en Antofagasta, indicándole que «tenga lista la escuadra». Y en lo diplomático, Fierro instruyó telegráficamente a Godoy en Lima, el sábado 29 de marzo, para que «prepare Nota fundada pidiendo pasaportes y declarando que ese Gobierno asumió el carácter de beligerante desde que se negó a declararse neutral por tener un tratado de alianza con Bolivia» y la entregue al canciller peruano al recibir un telegrama con la palabra «proceda».

En Santiago, y a raíz de la confesión de Prado en Chorrillos, Lavalle recibió la orden de informar oficialmente al Canciller Fierro de la existencia del tratado secreto, lo que hizo leyéndole todas sus disposiciones el lunes 31 de marzo. Y con esas informaciones, el Presidente Pinto solicitó al Consejo de Estado, el martes 1 de abril, su visto bueno para recabar la autorización del Congreso a fin de declarar la guerra al Perú.

La tramitación de dicha solicitud fue muy rápida. El Consejo de Estado concedió la autorización solicitada por unanimidad el mismo día, y la remitió de inmediato a la Cámara de Diputados, que también la aprobó «unánimemente, por aclamación y sin debate» ese mismo día, cumpliendo a su vez con remitirla de inmediato al Senado para la autorización final. La Cámara Alta chilena autorizó al gobierno a declarar le guerra al Perú, también por unanimidad, al día siguiente, el miércoles 2 de abril de 1879, pero la ley correspondiente sería promulgada recién el viernes 4 de abril y publicada el sábado 5.

El mismo día que se obtuvo la autorización del Senado, el día 2 de abril, el Canciller Fierro instruyó telegráficamente a Godoy para que presente al gobierno peruano la «Nota fundada pidiendo pasaportes y declarando que ese Gobierno asumió el carácter de beligerante», que se le había ordenado preparar el 29 de marzo. Y si bien no se ha podido determinar si el telegrama con la palabra «proceda» llegó a Lima esa misma noche o temprano al día siguiente, el hecho es que el jueves 3 de abril Godoy se presentaba en la Cancillería peruana, «Nota fundada» en mano.

Joaquín Godoy declara la guerra en Lima

En su Nota diplomática, que cumplió con entregar al canciller peruano, Manuel Yrigoyen, el día indicado, Godoy aludió a supuestos «graves motivos que han hecho desaparecer la armonía hasta ahora reinante entre las dos Repúblicas y que importan un inevitable rompimiento de las buenas relaciones por tantos años cultivadas entre ambas». Uno de esos motivos es el hecho que el gobierno peruano no «hubiese guardado una severa y estricta neutralidad, aquella neutralidad cuando menos que le era indispensable adoptar para poder ejercer, como lo ha intentado, los delicados oficios de mediador, esto es, para ser el depositario de la confianza de las dos naciones contendientes. Imposible es por tanto expresar el sentimiento de asombro y de sorpresa con que el Gobierno de Chile y la nación entera han tomado nota de la actitud asumida por el Perú».

Y ese motivo era el Tratado de Alianza Defensiva de 1873: «ninguna precaución ha sido bastante para ocultar por más tiempo la existencia del tratado secreto de alianza que en 1873 celebraron Bolivia y el Perú», con lo cual, sentenció Godoy, «el Perú quedó formalmente obligado a constituirse, dado el conflicto hoy existente, en enemigo de Chile, y a comprometer en su daño sus naves, sus ejércitos y sus tesoros».

Godoy continuó poniendo en relieve «el carácter de beligerante asumido pues deliberadamente por el Gobierno del Perú en el hecho de haberse negado a hacer la declaración de neutralidad que le fue pedida, en el de haber dado por fundamento de su negativa la existencia de una alianza concertada con uno de los beligerantes, en el de haber suministrado a éste auxilios directos de armas y municiones», y la concluyó declarando «terminada su misión de paz» y solicitando sus pasaportes «para dejar el país en la más próxima oportunidad». Godoy cumplió así sus instrucciones de declarar que el Perú había asumido el carácter de beligerante, lo que constituía una insoslayable declaración de guerra.

La respuesta peruana la declaración de guerra

Al día siguiente, el 4 de abril de 1879, el Canciller Yrigoyen respondió a la Nota de Godoy, poniendo en relieve el «carácter esencialmente defensivo y general de aquel pacto» y señalando que «no es justo, bajo concepto alguno, que el Gobierno de Chile inculpe al Perú, como una medida de hostilidad preconcebida, la celebración de un tratado que no podía aplicarse a aquella nación sino en el caso de que ella misma atacara, como lo ha verificado, los derechos más claros y más vitales de una de las partes contratantes».

Añadió que el Gobierno del Perú, «si celebró un tratado de alianza con Bolivia en 1873, no pudo pensar que el Gobierno de Chile vendría a dar lugar a que ese pacto se hiciese efectivo respecto de él (Chile)» y que «si ha hecho aprestos bélicos, no les ha dado otro carácter que el de la más elemental de las precauciones que podría exigir su seguridad justificada por la desgracia».

El Canciller Yrigoyen concluyó su Nota manifestándole al diplomático chileno que «la conciencia pública de todas las naciones que ha comenzado ya a pronunciar sus fallos inapelables para condenar la violación del derecho de gentes consumada por Chile, al revisar la desmembración del territorio de una nación americana, es de esperar que sea también propicia al Perú en la guerra que se le declara». Queda así en evidencia que, al contestar la Nota de Godoy, el gobierno peruano consideraba que acusaba recibo de una declaración de guerra de parte del gobierno chileno.

El decreto de Prado del 4 de abril de 1879

El mismo día que el Canciller Yrigoyen daba respuesta a la citada Nota de Godoy, es decir el 4 de abril de 1879, el Presidente Prado mandaba publicar en Lima un decreto que estipulaba que, considerando que el Perú se halla «en estado de guerra con la República de Chile», como consecuencia de la citada Nota de Godoy de fecha 3 de abril de 1879, «declárase en campaña el ejército y a la armada nacional». Dicho decreto apareció en la edición de El Peruano del sábado 5 de abril de 1879.

El énfasis no está de más. El «estado de guerra» aludido en el decreto peruano no constituye, ni podría constituir, como se piensa aún hoy en Chile, una declaración de guerra como consecuencia de un supuesto cumplimiento de la Alianza Defensiva de 1873 sino, más bien, el correlato necesario e inevitable de la declaración de guerra hecha al Perú por el citado plenipotenciario chileno al haberle asignado «el carácter de beligerante» y «enemigo de Chile» en la referida comunicación oficial del 3 de abril, cursada en estricto cumplimiento de las instrucciones que su gobierno le envió con fecha 29 de marzo de 1879.

Más aún, cuatro días más tarde, el 7 de abril de 1879, la Cancillería peruana emitía una «Circular a los Cuerpos Diplomático y Consular del Perú en el extranjero», dando cuenta a sus funcionarios de que el gobierno de Chile le acababa de declarar la guerra al Perú mediante la referida Nota de Godoy del 3 de abril. En efecto, el primer párrafo de dicha circular se iniciaba de la siguiente manera: «Por el número de “El Peruano”, que acompaño a US., se impondrá de la declaratoria de guerra que, por conducto de su explenipotenciario en esta capital, el señor Godoy, ha hecho al Perú el gobierno de Chile».

Comentarios finales

La guerra con Chile quedó formalmente declarada mediante la «Nota fundada» que el ministro plenipotenciario chileno, Joaquín Godoy, cursó a la cancillería peruana el jueves 3 de abril de 1879, declarando al Perú «beligerante» y «enemigo de Chile», en estricto cumplimiento de instrucciones que el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Fierro, le impartió expresamente el 29 de marzo, y no mediante el conocido decreto o bando chileno publicado el 5 de abril de ese año, error histórico que debe ser rectificado.

Ese famoso recorte de prensa titulado «Declaratoria de guerra», en que muchos ven por inadvertencia una declaración solemne de guerra debido a su aspecto de norma legal, no es sino un decreto que el presidente Aníbal Pinto y sus ministros le dirigen al Intendente de Santiago – pero sobre todo al pueblo chileno – para hacer de su conocimiento que «el Gobierno de Chile declara la guerra al Gobierno del Perú». Una genuina declaración de guerra no se publica en un medio de prensa local, sino que se dirige directamente al gobierno involucrado, como fue el caso de la Nota diplomática chilena del 3 de abril de 1879.

Lo señalado por el Gobierno de Chile en su Contramemoria a la Corte Internacional de Justicia de fecha 13 de julio de 2016 constituye una insoslayable tergiversación de la historia susceptible de inducir a dicho alto tribunal a concluir que «Chile les declaró la guerra a Bolivia y al Perú» como consecuencia del referido decreto de Prado, y no al contrario como realmente ocurrió. El decreto de Prado no fue la causa de la declaración de guerra de Chile al Perú sino, más bien, una reacción lógica a la declaración de guerra que Godoy transmitió con su Nota de fecha 3 de abril de 1879.

Por otro lado, no está de más advertir que la entrega formal de la «Nota fundada» de Godoy al Canciller Yrigoyen, aquel jueves 3 de abril de 1879, tuvo lugar un día antes de la promulgación de la ley que autorizaba al gobierno chileno a declarar la guerra al Perú (4 de abril), y dos días antes de su publicación (5 de abril).

En buena cuenta, el gobierno chileno procedió a declararle la guerra al Perú antes de haber concluido la tramitación constitucional de la ley que lo autorizaba a dar ese paso. ¿Será por eso que la historiografía chilena prefiere ignorar la existencia de la Nota diplomática de Godoy y continuar señalando, al unísono, que la guerra al Perú fue declarada aquel 5 de abril de 1879?