Sumilla: Chile declaró la guerra al Perú cuando obtuvo la confirmación, por el propio presidente Mariano Ignacio Prado, de la existencia del Tratado de Alianza Defensiva de 1873 con Bolivia.

Un día como hoy 5 de abril, hace ya 139 años, el gobierno de Chile declaraba la guerra al Perú y a Bolivia, dando así inicio a una guerra fratricida que originó la mutilación territorial de los dos vencidos y envenenó las relaciones entre los tres países sudamericanos durante muchos años con posterioridad al restablecimiento de la paz.

Las causas de esa guerra son aún materia de disputa académica, no siempre exenta de pasiones y sentimientos exacerbados de patriotismo. En Chile se suele pensar que la guerra fue producto de una confabulación del Perú y Bolivia para arrebatar a Chile sus riquezas y que el gran motor de dicha confabulación habría sido el Perú. Aún hoy en día se piensa que el Perú declaró el estado de guerra un día antes que Chile le declarara la guerra formalmente. Entre los antiguos aliados, más bien, se tiende a pensar que Chile habría premeditado la guerra para arrebatar a ambos sus territorios ricos en guano y salitre. 

No se pretende, ciertamente, dilucidar cuestión tan importante en el breve recuento que se ofrece a continuación, sino tan solo ilustrar el papel que el Tratado de Alianza Defensiva peruano-boliviano de 1873 parece haber tenido en relación con la declaración formal de guerra que el gobierno del presidente Aníbal Pinto hizo a los gobiernos del Perú y Bolivia, aquel 5 de abril de 1879. 

Recordemos que Bolivia, mediante el Tratado de Límites de 1874, contrajo la obligación a no subir los impuestos a las compañías chilenas que operaban en el desierto de Atacama, entre los paralelos 23 y 24 de Latitud Sur, durante un período de 25 años. El 14 de febrero de 1878, sin embargo, el Congreso de Bolivia gravó a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta con un impuesto de diez centavos por quintal de salitre exportado, y  dicha compañía protestó ante el gobierno chileno. 

El gobierno de Hilarión Daza, reacio a dejar sin efecto dicho impuesto, creyó poder resolver el problema rescindiendo la concesión de dicha Compañía y expropiando sus bienes, medida que se proyectó ejecutar el 14 de febrero de 1879, fecha en que las fuerzas chilenas desembarcaron en Antofagasta y Mejillones, empezando así la ocupación del litoral boliviano. 

(Este artículo está basado principalmente en las comunicaciones oficiales enviadas por Lavalle a Lima, dando cuenta de sus entrevistas con diversas autoridades chilenas durante su estadía en Santiago; en aquellas intercambiadas entre el representante diplomático chileno en Lima y la Cancillería peruana; y en las transcripciones de las sesiones secretas del Senado de Chile de 1879.) 

La Misión Lavalle 

A raíz de la consiguiente ruptura entre Bolivia y Chile, el gobierno del general Mariano Ignacio Prado decidió enviar a Santiago de Chile a José Antonio de Lavalle, en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en misión especial, con la finalidad de mediar entre ambos Estados y ofrecerles fórmulas de avenimiento que permitan evitar que dicha ruptura degenere en un conflicto armado. 

Lavalle salió del Callao el 22 de febrero de 1879 en el vapor Loa, acompañado por su hijo, el teniente Hernando de Lavalle, en calidad de adjunto militar, y por el secretario Javier Melecio Casós. Llegaron a Valparaíso el 4 de marzo y esa misma noche siguieron camino para Santiago, pues fueron informados que una turba planeaba emboscarlos en su hotel. Su misión de mediación duró hasta el 4 de abril de 1879, fecha en que se embarcó de regreso al Perú en el vapor Liguria, la víspera de la declaración formal de guerra. 

En Santiago de Chile, Lavalle conferenció en diversas ocasiones con el Presidente  Aníbal Pinto, y con su Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Fierro, así como con diversas personalidades como Domingo Santa María, futuro Presidente de Chile, José Victorino Lastarria, ex-Ministro del Interior, y Mariano de Sarratea, entre otros, con quienes mantenía las relaciones más cordiales. 

Las instrucciones que Lavalle recibió para llevar a cabo su difícil misión constan en un oficio de fecha 22 de febrero de 1879 que le dirigió el Ministro de Relaciones Exteriores peruano, Manuel Yrigoyen, indicándole que: 

«propondrá Ud. a ese Gobierno, en caso que esta mediación fuese aceptada, el restablecimiento de los hechos al estado en que se encontraban antes de los últimos acontecimientos, esto es, la desocupación del territorio de Bolivia, siempre que esta República esté dispuesta por su parte a suspender el mencionado decreto de recisión y la ley por la que se gravó con diez centavos la exportación de todo quintal de salitre que haga la Compañía de Antofagasta, y el consiguiente sometimiento de estas diferencias al arbitraje que ambos Gobiernos tuviesen a bien constituir». 

Lavalle inició sus gestiones el día 11 de marzo de 1879 con una primera audiencia con el Presidente Pinto, que estuvo seguida por otra con el Canciller Fierro. En la primera, Lavalle puso en relieve la importancia de desocupar previamente el litoral boliviano, de conformidad con sus instrucciones, pero la respuesta que recibió fue que: 

«Chile lo que ocupaba era un territorio que estimaba propio y al que siempre se había considerado con derecho y ejercido en él jurisdicción, territorio que había cedido a Bolivia en 1866 bajo de ciertas condiciones, que, no habiéndose llenado por Bolivia, obligaron a Chile en bien de la paz, a sustituir por otras condiciones más fáciles de llenar y sumamente generosas, en 1874: que no habiendo Bolivia llenado esas, sino antes bien violándolas abiertamente, Chile reivindicaba sus cedidos derechos y se volvía a colocar en el punto en que se encontraba en 1866.» 

El problema ya no parecía ser el derecho de Bolivia a imponer una contribución a una compañía chilena ubicada entre los paralelos 23 y 24 de Latitud Sur en el desierto de Atacama, sino el derecho real al dominio de dicho territorio, que Chile ahora «reivindicaba» como legítimamente suyo. 

En efecto, ya no se podía pensar que, tal como lo consignó el Canciller Yrigoyen en sus instrucciones a Lavalle, «habiendo sido anulado por el Gobierno de Chile, según lo declaró su representante en La Paz, el Tratado de 1874, deberían haber quedado las relaciones entre ambos países sujetas al anterior Tratado de 1866, por el que se reconocía igualmente a Bolivia derecho y soberanía sobre el grado 23». El problema había adquirido así un cariz totalmente distinto.

El Tratado de Alianza Defensiva de 1873 

Durante la conferencia con el Canciller Fierro, el intercambio fue esencialmente el mismo que con el Presidente Pinto. Pero lo interesante es la pregunta que Fierro le hizo a Lavalle al término de la audiencia: 

«Al levantarme me dijo el señor Fierro, que le permitiese preguntarme, qué había del Tratado secreto de alianza entre el Perú y Bolivia: que Godoy – el ministro plenipotenciario chileno residente en Lima – le escribía, que ese Tratado existía desde 1873» y que «a ese Tratado se le había procurado la accesión de la República Argentina». 

Lavalle, quien no había recibido instrucciones para tratar dicho asunto, le contestó que «no tenía noticia de semejante tratado: que dudaba que existiese, puesto que se suponía aprobado por el Congreso del Perú en 1873, año en que no correspondía la reunión del Congreso del Perú, cuyas legislaturas eran bienales, hasta la reforma constitucional realizada en la última legislatura de 1873». 

Y añadió que, desde su llegada a Santiago, «habiendo oído hablar a varias personas caracterizadas sobre la existencia de ese tratado, tenía ya pedidos a su Gobierno informes sobre el particular, que cuando llegasen se apresuraría a comunicar a Su Excelencia». 

La pregunta del Canciller Fierro, obviamente, no era gratuita. El gobierno chileno parecía estar perfectamente bien informado tanto sobre la existencia misma de dicho tratado, gracias a los buenos oficios de Joaquín Godoy, su ministro plenipotenciario en Lima, tal como ha sido ilustrado en otro artículo en este mismo espacio (ver aquí), así como sobre los esfuerzos realizados para conseguir la adhesión argentina (ver aquí). 

Pero a juzgar por el segundo comentario de Lavalle, no sólo en las esferas del gobierno chileno se hablaba del Tratado de 1873, supuestamente desconocido en Chile. 

La declaración de neutralidad 

Ante la respuesta evasiva de Lavalle, que naturalmente conocía el Tratado de 1873 pero no había recibido instrucciones para divulgar su existencia, el Canciller Fierro telegrafió a su representante diplomático en Lima instándolo a que consiga copia del texto de dicho tratado y que solicite al gobierno peruano una declaración de neutralidad en caso de una guerra entre Chile y Bolivia. 

En dicha instrucción, de fecha 12 de marzo de 1879, Fierro le señaló a Godoy que, «como Ud. comprenderá, interesa sobremanera a mi Gobierno tener un conocimiento exacto del tratado de alianza entre Perú y Bolivia, que se dice ajustado el 6 de Febrero de 1873 y aprobado por las Cámaras de ambas repúblicas en el curso del mismo año». 

Y agregó que «la apreciación de las cláusulas que aquel pacto contenga, respecto de nosotros, nos marcaría fijamente el rumbo que debemos seguir y nos determinaría la actitud que nos corresponde asumir en las presentes circunstancias». 

En su Nota a la Cancillería peruana de fecha 17 de marzo de 1879, en cumplimiento de dichas instrucciones, Godoy puso de manifiesto que «la persuasión no combatida autorizadamente por nadie hasta ahora, en que uno y otro pueblo están, de que el Perú se halla formalmente comprometido a hacer causa común con Bolivia contra Chile, a virtud de un pacto secreto de alianza ofensiva y defensiva». 

Insistió Godoy señalando que su gobierno «tiene motivos, en salvaguardia de sus derechos, para preocuparse de la actitud que revelan de consuno la existencia, no puesta en duda, del tratado de alianza con Bolivia, las demostraciones hostiles sin embozo de una porción del pueblo y los preparativos bélicos de parte del Gobierno». 

Y concluyó su Nota manifestando que el Gobierno de Chile «cree propio, para hacer más desembarazada su acción respecto del Gobierno de Bolivia, inquirir seriamente si el de Vuestra Excelencia tiene la intención, que sus deberes le sugieren, de permanecer neutral ante los acontecimientos que han tenido y tengan lugar defendiendo Chile con las armas la reocupación del territorio litoral al sur del paralelo 23°». 

No deja de llamar la atención, por cierto, tanto la precisión de la información contenida en la instrucción cablegráfica de la cancillería chilena, como el aplomo y la seguridad con que el representante diplomático chileno en Lima hace referencia a la existencia del Tratado de 1873. 

Pero tampoco deja de llamar la atención que el gobierno chileno le exigía al gobierno peruano una declaración de neutralidad, no sólo formal sino también incondicional, sabiendo perfectamente bien que el Perú no estaba en condiciones de hacer tal declaración, precisamente por estar ligado a Bolivia en virtud del referido Tratado de Alianza Defensiva. 

Finalmente, no está de más señalar que una declaración de neutralidad en dichas circunstancias podía envolver otro tipo de complicaciones, si nos atenemos al hecho que el propio Presidente Pinto le habría manifestado a Lavalle, el 24 del mismo mes de marzo, «que si la guerra estallaba entre Chile y el Perú, no sería extraño que acabase en una guerra entre el Perú y Bolivia, aliada a Chile; pues hoy mismo Chile podría hacer la paz con Bolivia en detrimento del Perú». 

La declaratoria de guerra 

Sea como fuere, el hecho es que Godoy cumplió diligentemente sus instrucciones y solicitó una audiencia con el propio Presidente Prado, quien lo recibió en Chorrillos por la noche del 20 de marzo de 1879. Al preguntarle al mandatario peruano por qué no declaraba su neutralidad, Prado le habría contestado que no podía debido al tratado de alianza defensiva que lo ligaba a Bolivia, y así lo telegrafió Godoy a Santiago, al día siguiente. 

A partir de esta declaración del presidente peruano, el gobierno chileno solicitó la autorización del Senado para declarar la guerra al Perú y la obtuvo el 2 de abril de 1879. Al día siguiente, el 3 de abril, Godoy cursó una Nota a la cancillería peruana para hacer referencia a «los graves motivos que han hecho desaparecer la armonía hasta ahora reinante entre las dos Repúblicas y que importan un inevitable rompimiento de las buenas relaciones por tantos años cultivadas entre ambas». 

Entre tales motivos, señaló el hecho que el gobierno peruano no «hubiese guardado una severa y estricta neutralidad, aquella neutralidad cuando menos que le era indispensable adoptar para poder ejercer, como lo ha intentado, los delicados oficios de mediador, esto es, para ser el depositario de la confianza de las dos naciones contendientes. Imposible es por tanto expresar el sentimiento de asombro y de sorpresa con que el Gobierno de Chile y la nación entera han tomado nota de la actitud asumida por el Perú». 

Pero el motivo principal tuvo que ver con el Tratado de Alianza Defensiva de 1873: «ninguna precaución ha sido bastante para ocultar por más tiempo la existencia del tratado secreto de alianza que en 1873 celebraron Bolivia y el Perú», con lo cual «el Perú quedó formalmente obligado a constituirse, dado el conflicto hoy existente, en enemigo de Chile, y a comprometer en su daño sus naves, sus ejércitos y sus tesoros». 

Godoy continuó su Nota poniendo en relieve «el carácter de beligerante asumido pues deliberadamente por el Gobierno del Perú en el hecho de haberse negado a hacer la declaración de neutralidad que le fue pedida, en el de haber dado por fundamento de su negativa la existencia de una alianza concertada con uno de los beligerantes, en el de haber suministrado a éste auxilios directos de armas y municiones», y la concluyó declarando «terminada su misión de paz » y solicitando sus pasaportes «para dejar el país en la más próxima oportunidad».

Adviértase que esta Nota, que califica explícitamente al gobierno peruano «beligerante», implicaba necesariamente una declaración de guerra, implícita pero insoslayable. Dos días más tarde, el 5 de abril de 1879, el Gobierno de Chile declaraba formalmente la guerra al Perú y a Bolivia. El texto de la declaratoria de guerra al Perú aparece en la imagen de cabecera del presente artículo. 

(No obstante haber aceptado el 27 de febrero de 1879 la mediación peruana, el Gobierno de Bolivia declaró la guerra a Chile mediante decreto de fecha 1 de marzo de 1879, tres días después de haber llegado Lavalle a Valparaíso para dar inicio a su misión de mediación.) 

La respuesta peruana 

Al día siguiente, el 4 de abril de 1879, el Canciller Yrigoyen respondió a la Nota de Godoy, poniendo en relieve en la suya el «carácter esencialmente defensivo y general de aquel pacto» y le señaló que «no es justo, bajo concepto alguno, que el Gobierno de Chile inculpe al Perú, como una medida de hostilidad preconcebida, la celebración de un tratado que no podía aplicarse a aquella nación sino en el caso de que ella misma atacara, como lo ha verificado, los derechos más claros y más vitales de una de las partes contratantes». 

Añadió que el Gobierno del Perú, «si celebró un tratado de alianza con Bolivia en 1873, no pudo pensar que el Gobierno de Chile vendría a dar lugar a que ese pacto se hiciese efectivo respecto de él (Chile)» y que «si ha hecho aprestos bélicos, no les ha dado otro carácter que el de la más elemental de las precauciones que podría exigir su seguridad justificada por la desgracia». 

Y concluyó su Nota el Canciller peruano manifestándole al ministro chileno que su acusación de haber «comenzado a dar cumplimiento al mencionado tratado de alianza defensiva, suministrando directa aunque ocultamente, armas y municiones de guerra, carece absolutamente de fundamento». 

El mismo día de esta Nota de respuesta peruana, el 4 de abril de 1879, el Presidente del Perú emitía un decreto que estipulaba que, considerando que el Perú se halla «en estado de guerra con la República de Chile», como consecuencia de la Nota de Godoy de fecha 3 de abril de 1879, «declárase en campaña el ejército y a la armada nacional». 

El énfasis no está de más. El «estado de guerra» aludido en el decreto peruano no constituye, ni podría constituir, como algunos piensan aún hoy, la consecuencia de un supuesto cumplimiento de la Alianza Defensiva de 1873 sino, más bien, el correlato necesario e insoslayable de haberse asignado al Perú «el carácter de beligerante» en la referida comunicación oficial chilena.

Comentarios finales 

El Gobierno de Chile exigió al Perú una declaración de neutralidad incondicional en caso de una guerra con Bolivia, sabiendo perfectamente bien que el Perú tenía un impedimento legal para acceder a dicho requerimiento por haber suscrito en 1873 un tratado de alianza defensiva con Bolivia. 

El reconocimiento oficial peruano de la existencia del Tratado de 1873 y la «sorpresa» que dicho reconocimiento supuestamente causó en el gobierno chileno, aparece como la «causa eficiente» de la declaratoria de guerra del 5 de abril de 1879. Sin embargo, la existencia de dicho tratado fue ampliamente conocida por el gobierno chileno desde el mismo año de su suscripción. 

La declaratoria formal de guerra, el 5 de abril de 1879, fue precedida por una Nota del plenipotenciario chileno en Lima del 3 de abril, es decir dos días antes, que implicaba una insoslayable declaratoria de guerra al Perú al asignarle «el carácter de beligerante».